en la Puerta de la Jefatura de Gobierno
Av. de Mayo 525
Solicitando audiencia
con el Secretario Macchiavelli
Para exigirle que cumpla y aplique el fallo de
la justicia.
Hace
unos días la Justicia
falló a favor de las Comunas, suspendiendo provisoriamente primero la
aplicación del Decreto 376/11, y luego declarando
definitivamente ilegítimas a las UACs que creaba dicho decreto. Si con el
primer fallo avalaba una discusión acerca de la naturaleza de las UACs, y el
sentido de la descentralización, sentando un precedente inigualable; el segundo fallo se expide sobre la cuestión de fondo, eliminando
definitivamente a las UACs como prolongación ilegítima de los CGPCs. Ahora es
tiempo de exigir al Gobierno de la
Ciudad que lo cumpla.
Qué
dice el Fallo de la Justicia
El Fallo
declara que las Unidades de Atención Ciudadana “van más allá del ejercicio de
actividades desconcentradas del Ejecutivo, inmiscuyéndose en la coordinación de
los servicios, en su disposición en las sede comunales y sus relaciones con la
comunidad”, apela a la regla de la Independencia de los poderes públicos, y de los
órganos constitucionales, y al mismo tiempo señala el sentido de
“impenetrabilidad” de las competencias de las Comunas, marcando – una vez más -
la diferencia con la desconcentración de servicios. Retoma el carácter
participativo de la democracia tal como lo señala la Constitución de la Ciudad como un elemento
significativo a la hora de evitar “actos que signifiquen intromisión o
menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las comunas o lesionen
su participación en las competencias concurrentes”.
Por
último, cita la precisión de la
Ley 3233 en relación al Cronograma de Transferencias. En
relación al Decreto que declara ilegítimo (376/11), este fallo de la Justicia nos da la razón
a los que decimos que “las UAC (Unidades de Atención Ciudadana) parecerían
“subrogar” a los disueltos CGPC”, aclarando que la Coordinación se debe
llevar adelante en el marco de lo establecido por la ley 1777. El decreto
siendo declarado un acto reglamentario de inferior jerarquía, que desnaturaliza
el sistema que la Ley
propone, por la vía de mantener en la estructura del Gobierno Central,
competencias que por decisión legislativa corresponden a las autoridades
comunales, debe ser, según la
Justicia con la que tenemos pleno acuerdo, ILEGÍTIMO, y por
tanto sus funciones absorbidas por las Juntas Comunales.
Este
fallo llega a hacer justicia en el sentido del proceso de descentralización, en
el marco de un gobierno que ha abundado en incumplimientos. Los queremos
señalar, a modo de marco y balance, para que nos señale el camino de lo que hay
que revertir.
Los incumplimientos de Macri y su
gobierno
En relación a las COMUNAS
1) Ley de Comunas
Meses
antes de las elecciones, hubo un intento fallido por parte del macrismo de
modificar la Ley
de Comunas, mediante un proyecto del Diputado Borrelli que proponía eliminar
muchos artículos, intentando quitarle todo vestigio de democracia participativa
y control, concentrando todo el poder en los presidentes de las Juntas
Comunales.
2) Creación de las UAC –
Unidades de Atención Ciudadana.
Este
hecho fue denunciado como inconstitucional por nuestro bloque, que presentó
acciones de amparo para defender el proceso de descentralización, de un
gobierno que no tiene ningún reparo en por pasar por sobre la ley de Comunas,
atribuyéndole funciones a las UAC que corresponden a las Comunas, centrando
todos los recursos y personal a que dicho organismo funcione mientras vacía las
mismas, y prolongando la vida de los viejos CGPCs cuando la Ley expresamente los anula.
3) Presupuesto
Del
indigno 0,4% asignado a las Comunas para el período 2012, a las comunas no
llegó más que 3 cajas chicas de $25.000, siendo el conjunto absorbido por la Subsecretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Jurisdicción 90). NO haber tenido
presupuesto propio y jurisdicción significó que no pudimos ejecutar partidas,
solo recibimos “Cajas chicas”. La “unidad jurisdiccional que argumentan,
redunda en que solo Macchiavelli decide qué hacer con el dinero de las Comunas,
incurriendo en una sistemática falta de consulta para la realización de obras.
4) Consejo de Coordinación
Intercomunal
No
se conoce ni difunde el Reglamento de los Consejo de Coordinación Intercomunal,
que más que un Consejo creado por Ley que debiera ser público, abierto y
transparente, son plenarios del PRO a los que nadie tiene el beneficio de tener
acceso. Los temarios no se conocen, los presidentes van sin mandato de las
Juntas, y no se publican actas de sus reuniones.
5) Jurisdicción Comunal
En
los Presupuestos para los períodos 2012 y 2013, NO se le otorgaron la
correspondiente Jurisdicción a las Comunas. La Ley 4471 no tiene el correspondiente desglose, y
no refleja las necesidades expresadas en los proyectos de ley de presupuesto
que se elaboraron desde las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos. No
crean 7 áreas sino 4, lo cual pone seriamente en duda la voluntad del Poder
Ejecutivo de darle tareas a cada uno de los 105 comuneros de la Ciudad.
6) Recursos Humanos
No
se conoce la totalidad del personal de planta asignado a las Comunas, ni se
cuenta con acceso a la información, ni se habilita a los comuneros a nombrar
personal.
7) Recursos materiales
Falta
de oficinas, escaso espacio físico y falta de insumos materiales ha sido el
constante problema desde el 11 de diciembre de 2011.
8) Software de gestión
administrativa
En la mayoría de los casos, no se cuenta con usuario y
contraseña al SADE y hasta la fecha se ha negado el acceso al SAP, SIGAF,
SUACI, etc.
9) Medios de Difusión
La
difusión de información y su contenido es centralizada por parte del Gobierno
de la Ciudad ,
y en la mayoría de los casos las gacetillas siguen manteniendo amarillas como
si no existiera pluralidad en las Juntas Comunales.
10) Transferencias de
Competencias
Hasta
la fecha, no ha cumplido con el cronograma de transferencias elaborado y
presentado por el gobierno macrista ante la Legislatura. Las
Comunas han sido excluidas en los siguientes procesos al día de la fecha:
· Elaboración del Plan de
Poda 2012.
· En el traspaso de los
guardianes de plaza a las Comunas, no se sabe el destino de los mismos.
· Se la ha excluido en la
planificación, prestación y control en las licitaciones del Servicio de Higiene
Urbana y Alumbrado Público.
· No participó en la
planificación de la transferencia del Poder de Policía, establecida por el
Poder Ejecutivo mediante el Decreto 453/12.
En relación a las obras COMUNALES[1]
La regla general para la obra o la contratación de servicios por parte del Estado es la licitación pública, donde en un marco de mucha mayor transparencia y publicidad compiten por la contratación, todas las personas físicas o jurídicas interesadas en contratar con el Estado. En cambio la licitación licitación privada la discrecionalidad de funcionario en amplísima, pues el mismo que está contratando es el que invita a una limitada cantidad de empresas (5) a presentar ofertas, y la publicidad del llamado a licitación es mínima lo que atenta contra la obtención de mejores valores y alienta la concentración de las obras en un pequeño número de empresas El que hizo de la excepción una regla es el Secretario Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli.
De un total de 32 procesos licitatorios el 35% lo hizo por el mecanismo de licitación privada, repartiéndose entre cuatro empresas un total de $ 8.742.320.
El 95% de las obras licitadas corresponden a las competencias exclusivas de las Comunas, es decir, SOLO de las Comunas, como lo establecela Constitución de la Ciudad y la Ley 1777.
No se trata del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se trata dela
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que es la
encargada de ejecutar el plan de transferencia de competencias a las comunas
que hasta hoy no lo ha puesto en marcha. Por el contrario, el Secretario
Eduardo Macchiavelli ejecuta dinero que deberían gestionar las comunas.
Está claro que las Juntas Comunales, con una integración plural y la atenta observación de los vecinos y organizaciones que participan Consejos Consultivos Comunales, garantizarían la administración de estos recursos públicos con mayor transparencia, eficiencia y apego a la legalidad.
Convocamos a la más amplia movilización exigiendo otro modelo de ciudad, para que en el marco de cumplimiento de este fallo dela Justicia , se transfieran definitivamente las
competencias exclusivas y concurrentes de las Comunas, y se descentralice
finalmente la toma de decisiones.
La regla general para la obra o la contratación de servicios por parte del Estado es la licitación pública, donde en un marco de mucha mayor transparencia y publicidad compiten por la contratación, todas las personas físicas o jurídicas interesadas en contratar con el Estado. En cambio la licitación licitación privada la discrecionalidad de funcionario en amplísima, pues el mismo que está contratando es el que invita a una limitada cantidad de empresas (5) a presentar ofertas, y la publicidad del llamado a licitación es mínima lo que atenta contra la obtención de mejores valores y alienta la concentración de las obras en un pequeño número de empresas El que hizo de la excepción una regla es el Secretario Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli.
De un total de 32 procesos licitatorios el 35% lo hizo por el mecanismo de licitación privada, repartiéndose entre cuatro empresas un total de $ 8.742.320.
El 95% de las obras licitadas corresponden a las competencias exclusivas de las Comunas, es decir, SOLO de las Comunas, como lo establece
No se trata del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se trata de
Está claro que las Juntas Comunales, con una integración plural y la atenta observación de los vecinos y organizaciones que participan Consejos Consultivos Comunales, garantizarían la administración de estos recursos públicos con mayor transparencia, eficiencia y apego a la legalidad.
Convocamos a la más amplia movilización exigiendo otro modelo de ciudad, para que en el marco de cumplimiento de este fallo de
Bloque de
Comuneros
Comuna 1: Marita Lavalle (Partido Socialista en el FAP)
Comuna 2: Luciano Umérez (Movimiento Emancipador)
Comuna 3: Alberto Lacherra (Partido Socialista Auténtico)
Comuna 4: Miguel Vayo (Proyecto Sur)
Comuna 5: Patricia Machado (Proyecto Sur)
Comuna 6: Martín Iommi (Proyecto Sur)
Comuna 7: Jorge Sanmartino (Proyecto Sur)
Comuna 8: Alejandra Camiña (Proyecto Sur)
Comuna 9: Ruben Tzanoff (Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST) en Proyecto Sur)
Comuna 10: Maru Lopes (Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST) en Proyecto Sur)
Comuna 11: Paula Resels (Partido Socialista Auténtico)
Comuna 12: Basilio Sioutis (Movimiento Emancipador)
Comuna 13: Julieta Costa Díaz (Partido Socialista Auténtico)
Comuna 14: Marcelo Charlon (Movimiento Emancipador)
Comuna 15: Carlos Méndez (FAP)
A partir del jueves 21 de
febrero, primer día hábil después de emitido este fallo, los 15 comuneros,
presentaron en sus respectivas Juntas Comunales un Proyecto de Resolución para
que se aplique el dictado de la justicia en la órbita de las Comunas.
Pero tenemos claro que de la misma manera que llegamos
hasta aquí, con la movilización, tenemos que continuar movilizados para lograr
que se creen las necesarias estructuras administrativas para su aplicación
efectiva.
Por eso convocamos a
los ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones políticas, sociales y
sindicales, a movilizarse y participar.






















